La Militarización de la Seguridad Pública en México: Un Análisis Crítico
Introducción
La situación de la seguridad en México ha sido un tema candente en las últimas décadas, especialmente durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, el general Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa, realizó declaraciones que generaron controversia al afirmar que la seguridad pública en el país "no depende de nosotros, sino de los grupos antagónicos". Este comentario provoca una reflexión profunda sobre la estrategia militarizada impulsada por el gobierno y las consecuencias de entregar la seguridad pública a las fuerzas armadas, en un contexto donde se cuestiona su eficacia.
Militarización de la Seguridad: Un Contexto Histórico
Durante años, diversas instituciones de derechos humanos, expertos en el ámbito de la seguridad, y hasta el propio López Obrador, antes de asumir la presidencia, han alertado sobre los peligros de una estrategia de seguridad que se basa en la militarización. Sin embargo, a medida que avanza su mandato, se ha dado un giro que parece socavar los principios de civilidad y legalidad en el país.
Las declaraciones del general Leana Ojeda no son más que un eco de advertencias hechas anteriormente. A pesar de esto, el Poder Legislativo continúa sin reconocer la realidad. Este lunes, se darán paso a las discusiones en la Cámara de Diputados respecto a un dictamen que reformaría la Constitución para poner a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Dictamen de Reformas: Implicaciones y Consecuencias
Las Justificaciones Presentadas
El dictamen en discusión, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, busca la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena con la justificación de que se garantizarán "reglas claras". Sin embargo, mientras esta narrativa se sostiene, el país sufre un incremento en la violencia. Solo en los últimos días, se han reportado cientos de familias en Sinaloa aterrorizadas por enfrentamientos entre grupos criminales, poniendo en entredicho la efectividad de la estrategia.
El Fuero Militar y la Jurisdicción
Una de las propuestas más alarmantes del dictamen es la extensión del fuero militar a los elementos de la Guardia Nacional. Esto implicaría que casos de violencia y violaciones a derechos humanos, como el asesinado de la niña Heidi Mariana Pérez en Nuevo Laredo, sean juzgados por la jurisdicción militar en lugar de ser tratados por los tribunales civiles, contraviniendo los principios del derecho internacional.
La Guardia Nacional como Policía Investigadora
Además, se plantea la idea de que la Guardia Nacional asuma funciones de una Policía Investigadora, dejando de lado a una Policía Ministerial, lo que no solo es una contradicción, sino también una consolidación del monopolio militar en la seguridad pública. Este cambio supondría que la investigación de delitos recae en el ejército, debilitando las capacidades civiles y la independencia del sistema judicial.
La Historia Se Repite: Un Ciclo de Militarización
La reforma al artículo 21 constitucional busca otorgar a la Guardia Nacional, y por ende a la Sedena, la responsabilidad de cumplir con los criterios de la seguridad pública. Este cambio remonta a una época en la que pasadas administraciones también intentaron impulsar la militarización de la seguridad. Recordemos que Enrique Peña Nieto promovió la Ley de Seguridad Interior, la cual fue derogada por la Suprema Corte. A pesar de estos antecedentes, el actual gobierno parece querer repetir la historia.
Reforma del Artículo 73: Nuevas Facultades para el Congreso
Otro aspecto preocupante de la propuesta es la reforma al artículo 73, que busca otorgar al Congreso la facultad de legislar sobre la participación del ejército en materia de seguridad. Esta propuesta es aún más audaz que lo intentado por Peña Nieto, y establece un camino peligroso hacia la militarización sistemática del país.
Un Contraste con la Promesa Inicial
Desde el inicio de su presidencia, López Obrador prometió devolver al ejército a sus cuarteles y priorizar una política de paz. Sin embargo, a lo largo de su gestión, los esfuerzos por desmilitarizar la seguridad han quedado relegados. Ahora, en un contexto de creciente violencia, se observa cómo su administración ha cambiado radicalmente de rumbo, entregando el control de la seguridad pública a las fuerzas armadas en lugar de establecer mecanismos civiles efectivos.
Conclusión: Ante un Cruce de Caminos
Las recientes declaraciones del general Jesús Leana Ojeda representan una verdad incómoda para el gobierno de López Obrador, destacando que la responsabilidad de la seguridad no recae exclusivamente en las fuerzas armadas. En cambio, se sugiere que los problemas de seguridad en el país son producto de dinámicas más complejas, muchas de las cuales han sido creadas por la propia militarización de la seguridad.
A medida que se avanza en la discusión de estas reformas, queda la pregunta: ¿realmente es el ejército la solución para los problemas de seguridad que enfrenta México? El futuro inmediato de la seguridad pública en el país dependerá de las decisiones que se tomen en el Congreso y de la capacidad del gobierno para abordar estos conflictos desde una perspectiva que priorice los derechos humanos y el estado de derecho.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Por qué el ejército no puede garantizar la seguridad pública en México?
El ejército no tiene como función primordial la seguridad pública, y su involucramiento puede llevar a violaciones a derechos humanos y la falta de rendición de cuentas. La seguridad pública es un deber del gobierno civil, que requiere un enfoque que priorice el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.
2. ¿Qué implicaciones tiene la reforma de la Guardia Nacional?
La reforma de la Guardia Nacional implica una militarización más profunda de la seguridad pública, la extensión del fuero militar a sus miembros, y el desplazamiento de las funciones policiales a los cuerpos militares, lo que puede aminorar la independencia del poder judicial y poner en riesgo los derechos de los ciudadanos.
3. ¿Cómo afecta esto a los derechos humanos en México?
La militarización de la seguridad pública frecuentemente resulta en violaciones a derechos humanos, ya que las fuerzas armadas no están entrenadas para resolver conflictos civiles, lo que puede llevar a abusos y a la falta de justicia en casos de violencia y delitos cometidos por elementos del ejército.
El futuro de la seguridad pública en México se encuentra en un cruce de caminos, donde decisiones clave deberán ser tomadas para corregir el rumbo e intentar recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones.