Más de 400 Jueces y Magistrados Podrían Declinar su Participación en el Proceso Electoral de 2025
La participación de jueces y magistrados en el proceso electoral de 2025, que tiene como objetivo elegir a los juzgadores por voto popular tras la controversia generada por la insaculación realizada por el Senado, está en riesgo. Más de 400 miembros del poder judicial han manifestado su intención de declinar su participación en este proceso electoral.
Contexto del Proceso Electoral
El proceso se basa en un listado de 464 magistrados de circuito y 386 jueces federales, entre los cuales el Senado realizó una selección con el sistema de tómbola. Ante este escenario, diversas fuentes del ámbito judicial han declarado que los jueces y magistrados están analizando la posibilidad de reunirse esta semana para formalizar su declinación antes del cierre de la convocatoria, independientemente de si se trata del periodo electoral de junio de 2025 o de 2027.
Condiciones de Participación en el Proceso
Una de las preocupaciones más recurrentes entre los jueces y magistrados que se oponen a participar es la falta de condiciones adecuadas. En conversaciones con el diario EL UNIVERSAL, varios jueces expresaron su descontento con la posibilidad de involucrarse en un proceso electoral que consideran injusto e ilegítimo. Según ellos, el hecho de continuar en este proceso implicaría aceptar y validar una reforma que, a su juicio, atenta contra la estabilidad y dignidad de la carrera judicial.
Estrategias de Desprestigio
El magistrado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, quien forma parte del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, señala que durante los últimos seis años, el Ejecutivo y otros poderes han implementado una estrategia enfocada en desprestigiar a los juzgadores federales. Este contexto genera una desventaja para aquellos que decidan participar, pues los electores probablemente prefieran a los candidatos propuestos por los poderes ejecutivo y legislativo, en un entorno donde los jueces han sido constantemente atacados públicamente.
Bermúdez también enfatiza que la reforma ha creado un sistema que no garantiza la independencia real para ejercer funciones judiciales, lo que podría comprometer la justicia en el país.
Implicaciones de la Reforma Judicial
El magistrado Marco Polo Rosas Baqueiro, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, también comparte su preocupación. En su carta de declinación al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), argumenta que someter su cargo a elección democrática viola principios constitucionales fundamentales, así como la división de poderes vigente en el país. Este acto, en su opinión, es ilegítimo y contribuye a un proceso viciado desde su inicio.
Las preocupaciones de los magistrados se centran en el temor a que una participación activa en el proceso electoral signifique un consentimiento hacia lo que consideran un marco legal deficiente y perjudicial para el sistema de justicia.
La Visión de los Jueces sobre la Justicia Humana
Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas, se suma a las críticas al considerar que la elección de jueces mediante mecanismos de azar, como la tómbola, no es un método óptimo para seleccionar a quienes se encargarán de impartir justicia. Oliva resalta que la falta de requisitos como un examen de conocimientos o una evaluación adecuada para los aspirantes pone en riesgo la calidad de la justicia en el país.
Impacto en la Carrera Judicial
El juez Arturo Medel Casquera, desde su posición en el Centro de Justicia Penal Federal, argumenta que las decisiones tomadas en el marco de esta reforma están afectando negativamente las trayectorias profesionales de muchos jueces. Con la incertidumbre que ha generado este proceso, menciona que espera el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de decidir sobre su posible participación.
Observaciones Adicionales de Jueces y Magistrados
En medio de esta crisis, los magistrados continúan expresando su descontento con un sistema que, según ellos, ha fallado en garantizar la debida protección de sus derechos. Alejandro Andraca Carrera, del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, recuerda que su nombramiento se realizó bajo un concurso de oposición, un proceso que cumple con estándares de meritocracia y transparencia, lo que contrasta con las condiciones actuales de elección.
Asimismo, la magistrada Julia María del Carmen García González advierte que el proceso electoral propuesto no respeta las suspensiones otorgadas en múltiples juicios de amparo, lo que evidencia una falta de respeto hacia el estado de derecho.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué más de 400 jueces y magistrados están considerando declinar su participación en el proceso electoral de 2025?
Los jueces y magistrados consideran que no hay condiciones adecuadas para participar en el proceso electoral que les permite optar por un cargo crucial en el sistema de justicia. Además, ven en este proceso una validación de reformas que atentan contra su carrera y la independencia judicial.
¿Cuál es el argumento principal contra la reforma judicial impulsada por el Senado?
Los principales argumentos contra la reforma se basan en el temor de que esta carece de garantías de independencia judicial y está diseñada para controlar la justicia, lo que podría afectar la imparcialidad y los derechos humanos de los mexicanos.
¿Qué consecuencias tendría la participación de los jueces en este proceso electoral?
La participación de los jueces en el proceso electoral podría interpretarse como una conformidad con lo que muchos consideran un marco legal ilegítimo. Esto podría poner en riesgo la integridad del sistema judicial y, por ende, afectar la justicia impartida en el país.
Conclusión
La postura de los jueces y magistrados ante la reforma judicial y el proceso electoral de 2025 refleja una profunda preocupación por la independencia del poder judicial en México. Con la posibilidad de que más de 400 jueces declinen su participación, la situación plantea interrogantes sobre la dirección futura del sistema de justicia y la legitimidad de la reforma en cuestión. La situación actual exige un análisis profundo y un diálogo constructivo que garantice el respeto a los derechos de los jueces y la confianza en el sistema judicial del país.